La fiscalía general del estado de Chihuahua ha registrado el desplazamiento forzado de 572 personas indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo, desde el año 2015.
Hay otros municipios como Urique y Guachochi donde también la violencia narquista desplaza a los tarahumaras y pimas de sus comunidades, por lo que la cifra podría superar las mil.
Tan solo el 7 de junio del año pasado, un grupo de alrededor de 60 personas de la comunidad Ódame La Sierrita, fueron víctimas de desplazamiento, debido al clima de inseguridad que se recrudeció con la tala ilegal y la presencia de grupos armados.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC (CEDEHM) presentó el 11 de diciembre un amparo en el que solicita se construye o adecue de forma inmediata en la ciudad de Chihuahua u otros municipios, refugios emergentes, dignos, seguros, con suficientes dormitorios, baños, condiciones de higiene óptimas, servicios básicos e instalaciones que permitan el desarrollo de las familias.
Estas agrupaciones han documentado que la delincuencia generada por los narcos, como la tala ilegal de los bosques, la siembra de mariguana y amapola, la extorsión y el secuestro, además de los homicidios, es constante y creciente y que continúa generando desplazamiento forzado de las comunidades originarias.
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